El 27 de octubre de 2015 el Senador del PRI y Presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Omar Fayad, publicó una propuesta de ley redactada en colaboración con la Policía Federal en la cual se pretendía defender la privacidad de la información de los usuarios así como combatir delitos como la suplantación de identidad en las redes, acoso, intimidación y en general todo lo que tuviera que ver con temas de seguridad en internet.
Las intenciones eran buenas sin duda, pero el documento comenzó a recibir de inmediato varias críticas pues los artículos están redactados de forma tan ambigua que se prestan a interpretaciones a conveniencia de quien desee aplicarlas.
Artículo 3.
La difusión de información con la intención de causar pánico o irrumpir la paz pública puede ser considerada como ciberterrorismo, de manera que publicar a través de redes sociales o desde un portal de internet información que pueda ser “peligrosa” para un grupo o una persona, podría ser penada con prisión.
Artículo 9.
La Policía Federal contaría con el poder de intervenir en asuntos digitales y así bloquear páginas o retirar cualquier contenido que amenace la seguridad pública y combatir los delitos en los que se utilizan medios electrónicos para su comisión.
Artículo 11.
Los operadores de telecomunicaciones, proveedores de aplicaciones y de contenidos estarían obligados a colaborar con las instituciones de seguridad y justicia para geolocalizar los dispositivos móviles de usuarios.
Si llegara a ser necesario, se bloqueará de inmediato líneas y señales de comunicación móvil, lo cual fue considerado un intento claro para privar la libertad de expresión en internet por encima de la intención de velar por la seguridad de los usuarios.
Artículo 21.
Habla sobre el acoso, hostigamiento, intimidación y agresión en cualquier forma de maltrato físico, verbal o psicológico en contra de usuarios de internet, de forma reiterada y sistemática. El problema es que no especifica qué tipo de comportamiento se considera agresión y si esto aplica de igual forma para figuras públicas que para los civiles.
Artículos 23.
Con éste se pretende castigar la difamación y la información inadecuada de carácter personal pero según la Amedi, su redacción se presta a la ambigüedad. El problema de acuerdo con los expertos en la materia es que el documento está redactado desde el punto de vista penal y no desde el punto de vista tecnológico, lo cual convierte en un completo enredo todas las buenas intenciones que pudiera tener esta ley para proteger a las personas.
Dado que varios de estas propuestas se centraban sobre todo en penar todo aquel contenido que se compartiera por redes sociales, la constante actividad de los usuarios y el uso del hashtag #LeyFayad lograron que todas las opiniones llegaran a oídos del Senador Fayad y éste en un intento por dejar claro que no se atenta contra los derechos humanos decidió retractarse.
A inicios de esta semana Fayad comentó en su cuenta oficial de Twitter que estaba dispuesto a quemar la ley propuesta para comenzar desde cero y darle voz a la ciudadanía, a las víctimas y a las autoridades para redactar punto por punto y cumplir el verdadero cometido de regular el internet. A partir de este jueves 5 de noviembre se comenzarán mesas de trabajo en el Senado de la República para escuchar las propuestas de expertos y sociedad civil, así que hasta entonces sabremos si los puntos anteriores en realidad se destruirán y comenzarán desde cero o solamente se pulirán para llenar los huecos que atentan contra la actividad de todos los usuarios de internet y medios de comunicación.
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